América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo. Este proceso de urbanización ha generado un crecimiento desordenado, desigualdad social y una presión creciente sobre las infraestructuras y servicios básicos. Leopoldo Arnaiz Eguren, presidente de la firma Arnaiz, especializada en urbanismo y desarrollo inmobiliario, analiza cómo estas ciudades pueden convertirse en entornos sostenibles, habitables y justos.

¿Hacia dónde se dirige el futuro del urbanismo en Latinoamérica?

Las ciudades enfrentan un reto claro: controlar una urbanización acelerada, muchas veces sin planificación, que compromete el desarrollo urbano y afecta la calidad de vida.

En las últimas décadas, las urbes han crecido rápido. La migración de sectores pobres a zonas de mayor poder adquisitivo ha creado contrastes extremos. Conviven estándares de primer mundo con condiciones del segundo, tercero o cuarto mundo. Esto provoca carencias en servicios básicos, infraestructuras insuficientes, inseguridad y problemas ambientales. El transporte público, además, suele ser de baja calidad.

La planificación urbana no puede limitarse a lo técnico. Es también un asunto político. Los gobiernos deben simplificar trámites, actualizar normativas y proteger el medio ambiente en los nuevos desarrollos.

Según Leopoldo Arnaiz, ¿cuáles son las claves para lograr un desarrollo urbano sostenible?

Para Arnaiz, se necesita una planificación coherente que evite modelos de urbanización desordenada. Es esencial crear conexiones entre barrios, ofrecer espacios públicos de calidad, garantizar infraestructuras y promover cohesión social.

El crecimiento fragmentado —parcelas aisladas, sin integración— debe superarse. Ese modelo genera ciudades inconexas. Es clave armonizar los proyectos urbanos con estándares comunes que aseguren coherencia en el crecimiento.

¿Qué proyectos de gran envergadura ha desarrollado la firma Arnaiz en América Latina?

En 15 años, la firma Arnaiz ha diseñado numerosos planes para barrios residenciales. Muchos no llegaron a ejecutarse por trabas legales, económicas o administrativas. La firma trabajó en México (sobre todo en Acapulco), Guatemala, República Dominicana, Brasil, Colombia y Paraguay, ofreciendo soluciones adaptadas a diferentes tipos de vivienda y priorizando opciones asequibles en áreas bien planificadas.

Gracias a esta experiencia, la firma Arnaiz conoce las legislaciones locales y los obstáculos que frenan estos planes. En muchos casos, la falta de apoyo político y municipal ha sido la causa principal del fracaso de varios proyectos urbanísticos.

¿Tenéis en cuenta la participación de las plataformas ciudadanas en los proyectos?

La implicación ciudadana es baja. Falta cultura urbanística en promotores y autoridades políticas, lo que hace que los intereses particulares prevalezcan sobre los colectivos. Además, coordinar aspectos sociales, técnicos, económicos y ambientales reduce el impacto real de estas plataformas en las decisiones finales.

¿En qué consiste el Programa de ODS Municipal en Latinoamérica?

Conocer el estado de las ciudades y su grado de urbanización es fundamental. Antes era difícil, pero ahora la tecnología y las herramientas gratuitas permiten a los ciudadanos, especialmente jóvenes, estudiar sus comunidades y proponer mejoras.

El Programa ODS Municipal facilita que los jóvenes accedan a información real de sus municipios. Así pueden detectar áreas de pobreza y zonas con carencias graves que afectan la convivencia y la calidad de vida, impulsando planes de acción efectivos.

¿Cómo se pueden garantizar decisiones políticas que prioricen el interés general?

La estabilidad de los equipos municipales es clave. Si cada cuatro años se reemplaza a todo el personal, se pierden la continuidad y el control del desarrollo urbano. Es necesario invertir en la formación de los trabajadores y fortalecer las estructuras de gobernanza local.

Además, se requiere una gestión más eficiente y un cambio cultural en la ciudadanía. Los habitantes deben entender que los servicios públicos dependen de presupuestos planificados, del pago de impuestos y de un sistema transparente. Solo así podrán cubrirse prioridades, reducir la corrupción y avanzar hacia una justicia social real.